De esta manera, señalan, “se crea un régimen de elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los instrumentos de ordenación del espacio marítimo, así como un régimen jurídico para la utilización espacial del dominio público en dicho espacio”. Se salvaguarda, igualmente, “la coexistencia con otros sectores ya regulados, como pueden ser el de las diversas actividades económicas que hacen un uso privativo del espacio marítimo nacional”. Asimismo, añaden, no se verán afectados los permisos de utilización de recursos en el dominio público marítimo emitidos al amparo de la legislación anterior, especialmente los permisos de uso del dominio público marítimo en las zonas experimentales en vigor.
La simplificación del acceso a las licencias en el uso del mar, subrayan, se alcanzará a través de una “desmaterialización”, en plataforma electrónica, y por la “integración de los diferentes intervenciones y controles en un solo procedimiento”.
“Con este régimen lo que se pretende es garantizar la protección del medio marino a través del establecimiento de procedimientos claros, ágiles y simplificados para el ejercicio de las actividad en el espacio marítimo nacional. Asegurando, del mismo modo, la articulación y compatibilidad de los instrumentos de ordenación del espacio marítimo nacional con otros instrumentos de ordenación y planificación con incidencia en este mismo espacio”, concluye el comunicado.
Fuente: IPAC Acuicultura (clic).
