Hoy, martes 24 de septiembre de 2013, ha tenido lugar en Gijón la 73ª reunión de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR), con la participación de APROMAR.

APROMAR ha expuesto a la Secretaría General de Pesca y a las administraciones responsables de acuicultura de las Comunidades Autónomas las cuestiones que están afectando a la actualidad del sector.

El pasado 10 de julio la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo acordó un texto de Reglamento para el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) que incluye dos limitaciones a la financiación de proyectos de acuicultura que son para APROMAR inapropiadas: (1) Que el FEMP no subvencione operaciones de acuicultura intensiva localizadas en zonas marinas protegidas o de la Red Natura 2000. Y (2) que tampoco puedan recibir ayudas del FEMP operaciones de acuicultura en las que se produzcan especies exóticas u organismos modificados genéticamente. APROMAR entiende que ninguna de las dos salvedades cuenta con justificación suficiente y que, además, ambas van en contra del espíritu de la Política Pesquera Común, de la igualdad de oportunidades y de las Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE.

Una parte relevante de la acuicultura española se realiza sobre espacios con alguna forma de protección ambiental y en ellas la acuicultura es un modelo de integración ambiental-económica. No tiene sentido social el discriminar este modelo de acuicultura. Es más, con vistas a clarificar las posibilidades de realizar acuicultura en zonas de la Red Natura 2000, la Comisión Europea publicó en 2012 el documento: Directrices sobre la Acuicultura y Natura 2000: acuicultura sostenible en el contexto de la Red Natura 2000. Estas directrices muestran que la protección ambiental es compatible con la acuicultura sostenible que la Unión Europea desea. La propuesta del PE acarrea la necesidad de aportar una definición de acuicultura intensiva, inexistente oficialmente en la UE hasta el momento. La definición que propone unilateralmente el PE [producción que depende del uso de pienso y en la que las densidades de producción son altas] es inadecuada, imprecisa, discriminante y debiera ser debatida con expertos en la materia. Por todo ello, proponer la no elegibilidad para el FEMP de estas operaciones de acuicultura en espacios protegidos supone, primero, una discriminación contra las granjas de acuicultura actualmente localizadas en áreas protegidas y que son modelos de éxito de integración productiva-ambiental; segundo, se envía un mensaje contrario al desarrollo sostenible de la acuicultura europea; y tercero, supone poner en riesgo la viabilidad social de las propias áreas protegidas. 

En relación con la producción de especies exóticas, es una realidad en la acuicultura española, además de ser una posibilidad de producción legítima y perfectamente regulada en la Unión Europea. Son numerosas las especies no autóctonas producidas en España en establecimientos apropiados sin que supongan un riesgo adicional para el medio ambiente: tilapia, pez gato, arapaima, oreja de mar, etc. Además se podría entrar en confusión con lo que son especies localmente ausentes en algunas regiones de España: corvina, lenguado senegalés, etc. Por el contrario, la producción de organismos modificados genéticamente, no entra dentro de los planes de presente o futuro del sector productor de acuicultura europeo.

APROMAR ha solicitado a la Secretaría General de Pesca y a las Consejerías de acuicultura de las CCAA que hagan suya esta petición y ponga en marcha los mecanismos necesarios para retornar la propuesta de FEMP al buen documento que en líneas generales era para la acuicultura.

La piscicultura marina necesita de una adaptación de las tasas portuarias que se le aplican para que estas sean homogéneas en los diferentes puertos y acordes en su cuantía con los servicios recibidos por las empresas. Con este fin, APROMAR ha insistido para que en ningún caso se aplique a las empresas de acuicultura la tasa T-4 de pesca fresca por cuanto que, ni por su naturaleza, ni por la estructura de su negocio productivo, es asimilable a la pesca. A la acuicultura le deben ser de aplicación las tasas T-1, T-2 y/o T-3 en función de la utilización real de los servicios de los puertos por parte de las empresas.

Ante el inicio de los trabajos de redacción del Reglamento de la Ley de Costas, por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, APROMAR ha planteado las siguientes cuestiones que afectan a la acuicultura: (1) Que la duración de las concesiones de acuicultura tenga un plazo de 75 años (el máximo que permite la Ley); (2) Que las demarcaciones territoriales de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar mantengan criterios homogéneos a la hora de aplicar las normas. Y (3), que en el procedimiento para el otorgamiento de concesiones de ocupación en aguas portuarias el órgano sustantivo para la tramitación de los permisos para acuicultura sea, como en el resto del dominio público marítimo-terrestre, la administración autonómica. Solicitamos que la autoridad portuaria se limite a emitir un informe, como ya hace la DG de Costas del Estado en los demás casos en los que no está implicado un puerto, y no a dictar la resolución, ni a ser el órgano sustantivo.

Por otra parte, APROMAR ha expresado su desilusión porque no se vaya a aprovechar el Anteproyecto de Ley de Pesca del Estado que modificará la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado para abordar de una vez la reforma de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR). Tal y como se intentó en la tramitación de la fallida Ley de Pesca Sostenible de 2010. La estructura y funcionamiento de este organismo han quedado desfasadas con los años. Debe recordarse que JACUMAR sigue estando regulada por la Ley de Cultivos Marinos de 1984. Es evidente que, por muchas cuestiones, JACUMAR necesita una reforma profunda y la próxima Ley de Pesca podría ser el vehículo apropiado para ello.

APROMAR ha aprovechado para congratularse y agradecer que a los 18 meses de publicarse el primer Real Decreto sobre especies exóticas invasoras (que afectaba de manera grave al uso de artemia franciscana y al cultivo de almeja japonesa, ostra del Pacífico y trucha arco iris), haya sido publicado un nuevo Real Decreto que excluye de manera conveniente a estas especies tan importantes para la acuicultura en España.

Por último, APROMAR expresó su disconformidad con la desaparición de la Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA), que el Gobierno de España ha decidido que sea absorbida por la Fundación Biodiversidad. En opinión de APROMAR es un error estratégico la liquidación de esta fundación ya que no existe ningún argumento objetivo que justifique su cierre. OESA constituye un muy digno ejemplo de gestión institucional racional, eficiente y socialmente útil, que se ha labrado una impresionante reputación, incluso internacional, donde es un referente de herramienta de buena Gobernanza para la acuicultura en particular y la industria marítima en general. La presencia de un organismo público tan respetado como OESA es el más eficaz nexo de unión entre los poderes públicos y la industria, y un aliado muy valioso en nuestro esfuerzo de mejora del marco regulatorio y de las condiciones de competitividad. En ese contexto, OESA es una entidad muy difícilmente sustituible.

APROMAR aprovechó para hacer entrega a los asistentes de ejemplares del informe La acuicultura en España 2013, realizado por APROMAR junto con la Asociación Española de Productores de Acuicultura Continental (ESACUA) y la colaboración de la Fundación OESA, del Consello Regulador do Mexillón de Galicia, de la Organización de Productores Piscicultores y de la propia JACUMAR.